LEODEGARIO APARICIO MORALES
PONENTE EN EL FORO UNIVERSITARIO
VIERNES 04 DE MAYO DE 2007/TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
*** Defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, se debe plantear la maternidad como una decisión voluntaria en la que el aborto es el último recurso de la libertad reproductiva ante un embarazo no deseado.
En Alternativa buscamos la igualdad pero deseamos alcanzarla sin perder la democracia, en paz y con libertad; con un Estado de Derecho que garantice la seguridad pública, el acceso equitativo a la justicia y haga efectivos tanto los derechos individuales y políticos como los sociales.
Alternativa reconoce la diversidad de visiones e intereses legítimos que se expresan entre l@s mexican@s y promueve un cambio sustentado en acuerdos de largo plazo entre las fuerzas políticas y entre éstas y la sociedad.
Con el fin de dar cumplimiento con sus postulados políticos, económicos y sociales, impulsa la organización de las personas para que ejerzan sus obligaciones ciudadanas en los términos que estipula la Constitución Política Mexicana; y para que participen conscientes y activamente en los objetivos y metas partidarias, en la construcción de la democracia y en la vida pública del país.
Razón por la cual en Alternativa nos manifestamos en favor de la legalización del aborto, demanda surgida de la sociedad, la cual nos comprometimos atender desde nuestro inicio como partido político y que hoy impulsamos desde el parlamento del Distrito Federal.
El aborto, hoy día es inseguro y clandestino constituye un grave problema de salud pública y de derechos humanos. Fundamentalmente porque muchas mujeres mexicanas que abortan o mueren, quedan con secuelas físicas irreversibles, como resultado de la clandestinidad propia del carácter delictivo de la interrupción voluntaria de un embarazo. En México, el carácter clandestino del aborto voluntario (y la ausencia de procedimientos claros cuando éste es legal) lo ha convertido en un problema de salud pública, punto de partida preocupante y fundamental para demandar su atención en el espacio gubernamental del diseño e implementación de políticas públicas.
A nivel mundial se ha comprobado que la legislación restrictiva no previene, ni evita el aborto y que muy por el contrario lo transforma en un grave problema de salud para las mujeres. En tal sentido, la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) en el Cap. VII del Programa de Acción, convoca a los gobiernos a considerar el aborto inseguro como un problema mayor de salud pública, a mejorar los servicios de planificación familiar para evitar los abortos, a proveer de atención y orientación a las mujeres que tengan embarazos no planeados, que se determinen las medidas y cambios sobre el trato del aborto a nivel nacional, y local de acuerdo a procesos legales nacionales, y afirma que "en todos los casos las mujeres deben tener acceso a servicios de calidad para el manejo de las complicaciones de los abortos. Los servicios de orientación, educación y planificación familiar post-aborto deben ser inmediatos para ayudar a prevenir abortos repetidos", y "debe considerarse la revisión de leyes de penalización contra las mujeres que han practicado abortos ilegales."
El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y proclama el derecho de toda persona a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos protege el derecho a la salud al proclamar que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”.
El artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen que toda persona tiene el derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales.
Que los derechos humanos de la mujer y los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente sobre el número de hijos a procrear y el espaciamiento de los nacimientos, a disponer de la información y de los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho de la mujer a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia.
Creemos que es necesario profundizar en el debate público sobre el aborto, una realidad siempre presente en la vida cotidiana de las mujeres y sus parejas.
Lo que esta claro es el innegable derecho que las mujeres tienen para decidir sobre sus cuerpos y vidas. También esta claro que las mujeres no están esperando: abortan, cuando así lo deciden en conciencia, más allá de ideologías, religiones y leyes que no se acatan. De la misma manera, las políticas públicas de un estado laico deben responder a esta objetiva realidad, lejos de religiones e ideologías.
Las mujeres recurren al aborto cuando no encuentran otra solución al embarazo no deseado. Es un recurso extremo que debe evitarse con educación sexual, información y suministro oportuno de métodos anticonceptivos seguros, eficaces y adecuados para cada persona.
Las mujeres no son un medio, un receptáculo para la llegada de una nueva vida. Son un fin en sí mismas y si el feto pone en riesgo sus vidas, todas las legislaciones, excepto la de la Iglesia católica, favorecen que se salve la mujer. En el conflicto mujer/feto no se está en presencia de dos iguales o equivalentes.
Dentro de la constelación de cuestiones que han transformado el significado social de la reproducción está el aborto, que sigue siendo la frontera del derecho a decidir. Desde luego que vale más prevenir que lamentar, y eso se consigue generalmente mediante el uso de anticonceptivos, educación sexual e información. De ahí la importancia que adquiere contar con un marco de acceso legal al aborto, como una prestación de salud. Sólo la despenalización respalda verdaderamente el respeto a la libre decisión de la mujer.
Además de leyes adecuadas a la realidad, hace falta también voluntad política, tanto para mejorar las normas como para cumplirlas.
El consenso básico de las democracias occidentales en torno a que ni el estado ni las iglesias pueden intervenir en la decisión de un aborto se basa en el respeto a la pluralidad y a la libertad de conciencia.
Además de defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, se debe plantear la maternidad como una decisión voluntaria en la que el aborto es el último recurso de la libertad reproductiva ante un embarazo no deseado (o ante uno deseado, pero con malformaciones graves del producto o que implique riesgo para la salud de la mujer).
También es necesario subrayar que se requiere transformar el contexto social que condiciona la toma de decisiones de las mujeres y de los hombres. Esto, dicho llanamente, va más allá de simplemente establecer un conjunto de leyes y servicios médicos, hasta hoy insuficientes; supone un rediseño fundamental de la vida social y sus relaciones de reproducción. Esta perspectiva define que, en sociedades plurales donde la responsabilidad de los hijos es individual, la condición principal para la decisión de interrumpir o no un embarazo pasa por la libertad de conciencia. La realidad contundente de las mujeres que abortan debería ajustar la legislación. Y el papel del estado debería limitarse a garantizar a todas las mujeres el acceso a buenos servicios de aborto en los hospitales públicos.
Alternativa sabe que, mientras la sociedad mexicana ya cambió, los partidos tradicionales se niegan a cambiar sus formas de hacer política y de ejercer el poder, provocando una espiral de confrontación. Si estos partidos escucharan, encontrarían una gran riqueza de propuestas para superar el estancamiento económico, distribuir mejor la riqueza, impartir educación de calidad sin distinción de origen social, atacar el problema de la inseguridad y revertir la descomposición social y familiar que se genera cuando la desesperanza de millones de jóvenes es aprovechada por las redes del crimen organizado.
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